Ciudad de México, 3 de julio  (SinEmbargo).-  La crisis de violencia e inseguridad que vive Guanajuato se debe en gran parte a la omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad, denunciaron especialistas en seguridad y crimen organizado.
“La Secretaría de Seguridad Pública está encabezada por otro personaje igual de siniestro que Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, quien tiene siete años en el cargo. Entonces, este par de funcionarios han ido dejando una estela de destrucción y muerte en el estado”, dijo Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y  cofundador de México Social.

Con más de 14 mil 632 personas asesinadas tan solo entre enero y mayo del presente año, Guanajuato se ubica como el estado más violento del país, pues concentra el 13 por ciento del total de los homicidios dolosos.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer el pasado 30 de junio que iniciará una investigación al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, debido a que se sospecha que la detención de cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa, fue un montaje.

    Carlos Zamarripa Aguirre, policía de carrera, es el Fiscal más longevo en el país, pues ha estado a cargo de la procuración de justicia desde hace 11 años, tiempo en que ha sumado una larga cauda de quejas y acusaciones de ineficiencia.
 
Aplicación selectiva de la justicia, ocultamiento o “falsificación” de datos, falta de resultados en la persecución de delitos del fuero común, e incapacidad para la integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos que tienen hoy a la Fiscalía guanajuatense sumida en una crisis de credibilidad que se ha acentuado en los últimos dos años ante el alarmante incremento de asesinatos y violencia en la entidad, coincidieron los analistas entrevistados por SinEmbargo.

    “Lo que sí es un hecho es que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública han sido totalmente omisas en el cumplimiento de su deber y su responsabilidad, lo que hoy tiene al estado bañado en sangre”, destacó Arellano Almanza.

Activistas, empresarios y políticos han denunciado públicamente a los dos funcionarios. En septiembre de 2019, el mismo Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato, publicó en sus redes sociales que la Fiscalía obstaculizaba la recepción de denuncias, al no entregar a los policías las herramientas que se requerían.
    “El incremento habla de la incapacidad de este par de funcionarios, de Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública, y el Fiscal Carlos Zamarripa”, destacó el investigador de la UNAM.

El analista también señaló que en Guanajuato ha habido una práctica selectiva de la aplicación de la justicia, con la represión hacia la movilización social, por un lado, y por el otro la permisividad ante los grupos delincuenciales.

En diciembre pasado, estudiantes de la Universidad de Guanajuato denunciaron que algunos participantes del movimiento estudiantil fueron detenidos ilegalmente por elementos de la policía capitalina tras una serie de protestas para exigir seguridad y fin a la impunidad.

    “Este tipo de ejemplos dan muestra que algo muy raro pasa en la Fiscalía General de Justicia, lo que se suma a cuestiones muy graves como el ocultamiento y el falseamiento de datos”, añadió el también investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El pasado 24 de mayo, el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, aludió que la Fiscalía Guanajuato oculta información, pues reveló que la dependencia a cargo de Zamarripa no otorga de manera apropiada, ni en tiempo y forma, toda la información para la incidencia delictiva.

    “La obligación de los estados es aportar información, no obstante, la Fiscalía General de Guanajuato no entrega información, nunca lo ha hecho, tenemos que recurrir a vías trianguladas para conocer, para tener una aproximación a la situación real de los números de violencia en Guanajuato […] Es francamente un absurdo. ¿Cuál es el motivo?, ¿esconden algo? No quiero yo cuestionarlo, pero lo hemos intentado por todas las vías, ya sólo faltaría la jurisdiccional”, dijo Durazo durante una reunión virtual con senadores de la Coordinación Política del Senado.

Aunque Arellano Almanza considera que hay una omisión de la Federación al no obligar por la vía jurisdiccional a Guanajuato a entregar la información delictiva de manera correcta, el analista recalcó que sobre todo “hay una enorme irresponsabilidad” por parte de la Fiscalía estatal al no cooperar con los datos que solicita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con informacion de SinEmbargo